El nuevo permiso por nacimiento haría un 'roto' al Estado de 1.400 millones El nuevo permiso por nacimiento haría un 'roto' al Estado de 1.400 millones

Ampliar los permisos por nacimiento desde las 16 semanas actuales hasta los 6 meses supondrá un coste adicional para las arcas públicas de unos 1.400 millones de euros, que además tendrá que soportar el Estado, porque estas prestaciones están incluidas en la transferencia anual de los Presupuestos Generales a la Seguridad Social por lo que el ministro José Luis Escrivá ha clasificado como "gastos impropios". Según cálculos elaborados a partir de la información presupuestaria disponible, de llevarse a cabo la medida que se está negociando en el seno del Gobierno a propuesta de Unidas Podemos de cara a los PGE de 2022, el gasto en prestaciones de maternidad y paternidad escalaría hasta los 4.200 millones de euros, desde los 2.800 millones de 2021.

Desde el 1 de enero de 2021 los permisos de paternidad y maternidad (ahora unificados bajo la prestación por nacimiento) son de 16 semanas para cada progenitor. El culmen de una ampliación paulatina que sigue sin ser suficiente. "Nuestro país tiene una cuenta pendiente con las familias con bebés recién nacidos", admitía este miércoles la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que adelantaba su intención de impulsar, junto con el Ministerio de Igualdad, el aumento de los permisos hasta los 6 meses en el marco de la nueva Ley de Diversidad Familiar, que está previsto que llegue al Consejo de Ministros a la vuelta del verano, a tiempo para incorporar una partida por la eventual medida en los Presupuestos de 2022.

El coste de ampliar los permisos de 16 a 24 semanas -o lo que es lo mismo, de 4 a 6 meses- alcanzaría los 1.400 millones de euros. Para este ejercicio, los Presupuestos contemplan una partida de unos 2.800 millones de euros (2.784,7 millones, en concreto), que se vería incrementada prácticamente en un 50% en los PGE de 2022, hasta rozar los 4.200 millones, siempre que la ampliación se hiciera de una vez, sin periodo transitorio. Todo esto, realizando una aproximación en base a la información presupuestaria disponible y, por tanto, asumiendo que las proyecciones del Gobierno se mantienen estables en lo que se refiere a la evolución de los nacimientos entre el colectivo de trabajadores y a la cuantía de las prestaciones. Desde la Seguridad Social, departamento responsable de la gestión y el abono de estos permisos, evitan tanto valorar la medida como proyectar el eventual gasto.

En cualquier caso, el dinero no saldrá del sistema de las pensiones, sino del Estado. En cumplimiento de las recomendaciones del Pacto de Toledo, para consolidar la separación de fuentes de financiación y restablecer el equilibrio financiero del sistema, el ministro Escrivá ha seleccionado una serie de gastos que son impropios a la Seguridad Social porque no tienen que ver con el carácter contributivo, como las prestaciones asistenciales, las políticas de incentivos al empleo a través de reducciones de cuotas, las políticas de apoyo a las familias o los gastos de funcionamiento. En total, cerca de 23.000 millones de euros, según ha cuantificado la Autoridad Fiscal, incluidos los cerca de 3.000 millones de la prestación por nacimiento y cuidado de hijos.

Pero el trasvase de la factura de estas prestaciones desde la Seguridad Social al Estado ha sido cuestionado por otras instituciones como Funcas, que en su valoración del presupuesto de la Seguridad Social de 2021 señaló que "es discutible calificar como 'impropios' todos los conceptos que el Gobierno considera como tales, como sucede por ejemplo con la prestación contributiva por nacimiento y cuidado de hijos o con los gastos de funcionamiento que, en pura lógica de aseguramiento, deberían soportar los asegurados/beneficiarios del sistema y no el conjunto de los ciudadanos". Además, "cargar sobre el presupuesto del Estado este tipo de costes (...) es evidente que no resuelve el problema de insuficiencia financiera del sector público en su conjunto, máxime tras los efectos de la crisis de la Covid-19 sobre el déficit y la deuda del Estado", señalan desde las cajas de ahorros.

En cualquier caso, el Ministerio de Escrivá guarda silencio, por el momento, porque la medida nace de Derechos Sociales, Ministerio gestionado por Unidas Podemos, y debe ser negociada con los socios del PSOE. "Va a ser una cuestión fundamental que hay que debatir para los presupuestos de 2022 y tiene que dialogarse en el seno del Gobierno", indicaba Belarra este miércoles, tras avanzar también su intención de crear una prestación por crianza con "carácter universal" para que la familias en situación de vulnerabilidad puedan recibir una ayuda por cada hijo a cargo. Hay que insistir en que son planteamientos aún en proceso de negociación en el seno del Gobierno de cara a la aprobación tanto de la Ley de Diversidad Familiar como de los PGE, ambas previstas para el inicio del próximo curso político.

Aumento progresivo del gasto

La Ley de Diversidad Familiar promete alzarse como otro de los grandes hitos sociales del Gobierno de coalición. De incluirse la ampliación del permiso por nacimiento hasta los seis meses, el avance sería considerable. El permiso de paternidad en España no existió hasta el año 2007 (antes los padres solo tenían dos días de permiso laboral retribuido), cuando se fijó en 15 días, y no fue ampliado a 4 semanas hasta el año 2017, para aumentar a 5 semanas en 2018 y, a partir de 2019, iniciar su senda palatina de incremento hasta la equiparación con el permiso de maternidad a 16 semanas. En paralelo, la factura para las arcas públicas ha ido engordando desde los 1.700 millones de euros que suponía en 2016 (1.500 millones por los permisos de maternidad y 200 millones por los de paternidad) a más de 1.900 millones en 2018, cerca de 2.200 en 2019, más de 2.500 en 2020 y casi 2.800 en 2021.

Está por ver si la medida se negociará en la mesa de diálogo social con la patronal y los sindicatos, habida cuenta de que afecta directamente a las relaciones laborales y supone también un coste importante para las empresas (soportan en torno a una quinta parte de la factura total). En marzo de 2019, cuando se aprobó el aumento paulatino de los permisos hasta equiparar a ambos progenitores en 16 semanas, la CEOE criticó al Gobierno por dar luz verde a la medida a golpe de decreto en uno de sus "viernes sociales", sin margen para la negociación. Los sindicatos, por su parte, lamentaron los periodos transitorios de adaptación a la nueva norma. Y dentro del propio Ejecutivo se vivió un intenso debate, precisamente a cuenta del coste de la medida, que enfrentó a la entonces promotora Carmen Calvo con el área económica. Se auguran tensas negociaciones.